Arranca la negociación colectiva Gobierno- Magisterio,
en el marco del nuevo y controvertido Decreto 535
—En próximos días también lo hará el sindicato del Min-Protección Social—
Para las 11 de la mañana de hoy miércoles estaba previsto el inicio de la discusión del pliego de peticiones que la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) le presentó al Gobierno Nacional, en el marco de la nueva norma que reglamenta la negociación colectiva de los empleados públicos (Decreto 535 de 2009).
Por su parte Sinaltraempros, sindicato que aglutina 1.800 trabajadores del Ministerio de la Protección Social, está a la espera de que el Gobierno designe los negociadores del pliego que presentó desde el pasado 27 de febrero. A este respecto Francisco Maltés, directivo nacional de la CUT, anunció que se están haciendo gestiones ante las comisiones séptima de Senado y Cámara para que el tema de la negociación colectiva de los empleados públicos sea objeto de debate político en el Congreso.
Asimismo, desde hace 20 días las organizaciones sindicales de los trabajadores del Distrito de Bogotá le presentaron un pliego unificado de peticiones al Alcalde Samuel Moreno, que cobijará a 18 mil trabajadores de todas las dependencias distritales. También está pendiente el inicio de su discusión.
Un decreto controvertido
Se trata de la primera y gran prueba de fuego que tendrá el controvertido Decreto 535, ya que FECODE es el sindicato más grande del sector estatal, y Sinaltraempros es el del Ministerio que justamente tiene que ver con el tema laboral y sindical. El éxito o fracaso de la negociación colectiva que desde hoy adelanta con el Gobierno tendrá, en el caso de FECODE, efectos sobre 278 mil personas, que es su número de afiliados.
Según el Decreto 535, la discusión del pliego tiene un término de 40 días, al cabo de los cuales, de no llegar a un arreglo, se podrá recurrir el tribunal de arbitramento. Sin embargo, no son pocas las restricciones y omisiones que el Gobierno, intencionalmente, incluyó en temas fundamentales; restricciones que en consideración del movimiento sindical le restan eficacia a la norma de frente a los intereses de los empleados públicos.
En efecto, en ninguna parte el Decreto habla de negociación, del reconocimiento de las partes, de conflicto colectivo (ni siquiera de la posibilidad de lograr acuerdos colectivos). De lo que habla es de concertar y de que, cumplido el término de concertación –que no implica la existencia de acuerdo alguno-, la administración unilateralmente resolverá las peticiones respetuosas planteadas. En otras palabras, lo que establece es un escenario para conversar o tertuliar con la administración sin ninguna trascendencia jurídica. El artículo 3° excluye de los temas de “concertación” lo relacionado con la planta de personal, restricción que les impide a los empleados hacerle frente a la política de tercerización y contratación temporal. Además, el Decreto no incorpora mecanismos idóneos para que las peticiones de los empleados públicos sean tenidas en cuenta, y menos les concede el derecho a la huelga, definitivo a la hora de hacer valer sus reclamaciones. Es, en suma, una norma sin los suficientes dientes.
De ahí que Senén Mosquera, presidente de FECODE, en diálogo con la Agencia de Información de la ENS, se mostró escéptico y vaticinó un difícil clima de negociación. “No será fácil, porque conocemos la política antisindical que el Gobierno de Uribe ha mostrado a lo largo de los últimos años, desoyendo los reclamos y las reivindicaciones de los trabajadores. El Decreto 535 obliga al gobierno a recibir el pliego y a escuchar, pero no a negociarlo”.
Puntos del pliego de FECODE
El pliego que desde hoy negocia el Magisterio con el Gobierno consta de muchos puntos, dada la complejidad de las relaciones laborales y salariales entre ambas partes. Se destacan los siguientes:
1- Un estatuto único de la profesión, que regule las relaciones laborales y condiciones de trabajo de los docentes, lo cual ha sido una de las banderas de lucha que en los últimos 20 años ha mantenido la organización sindical del magisterio del sector público.
2- Respeto al Régimen Pensional Especial del Magisterio, que en concepto de FECODE ha sido agredido por un concepto del Consejo de Estado, el cual, de una manera equivocada según Senén Niño, conceptuó que dicho régimen termina el 31 de julio de 2010. FECODE, en cambio, considera que el acto legislativo 01 de 2005 preservó por la vía de excepción cuatro regímenes especiales: el de la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas, el Inpec y el magisterio.
3- Que se congele el proceso de privatización de la educación colombiana.
4- Que se deroguen las normas que han golpeado la calidad de la educación, como lo son los decretos 1850, 230 y 3020 de 2002.
5- Incremento salarial para el 2009 superior al 7.67%, y que se discuta de una vez el aumento para el 2010, para que el Gobierno tenga tiempo de incluirlo en la Ley de Presupuesto y no tenga así este argumento dilatorio. En su pliego, la organización sindical de los maestros pide, además, que el Gobierno pague todas las deudas que tiene con el magisterio en materia de salarios y ascensos.
6- Que se establezca un régimen de traslados de maestros que sea democrático.
martes, 31 de marzo de 2009
Decreto 535
Después de un mes largo de haber sido suscrito por el Gobierno Nacional, el controvertido Decreto 535 (que regula las convencioens colectivas de los empleados públicos) tiene su primera y más importante prueba de fuego. Desde hoy FECODE, el sindicato estatal más grande del país, y una comisión del Ministerio de Educación discuten y negocian una convención colectiva en el nuevo marco del Decreto 535.
Y por otro lado, un proceso similar de negociación comenzará en próximos días entre el Gobierno Nacional y Sinaltraempros, sindicato que aglutina 1.800 trabajadores del Ministerio de la Protección Social.
Se verá entonces si el Decreto 535 representa un avance real en la legislación laboral, o si, como piensan muchos, es apenas un embeleco del Gobierno para hacerle creer a la OIT y a la comunidad internacional que está cumpliendo con los acuerdos y los estándares internacionales, al tiempo que sigue restringiendo los derechos de los trabajadores públicos.
Más información en el archivo adjunto: Prueba de fuego para el Decreto 535
Y por otro lado, un proceso similar de negociación comenzará en próximos días entre el Gobierno Nacional y Sinaltraempros, sindicato que aglutina 1.800 trabajadores del Ministerio de la Protección Social.
Se verá entonces si el Decreto 535 representa un avance real en la legislación laboral, o si, como piensan muchos, es apenas un embeleco del Gobierno para hacerle creer a la OIT y a la comunidad internacional que está cumpliendo con los acuerdos y los estándares internacionales, al tiempo que sigue restringiendo los derechos de los trabajadores públicos.
Más información en el archivo adjunto: Prueba de fuego para el Decreto 535
Desempleados sin protección
Agencia de Información Laboral
Análisis de la ENS. 30 marzo 2009.
Para la población cesante y desempleada del país el Estado Social no existe.
Cuando una persona pierde el empleo, inmediatamente pierde también los ingresos; al mes siguiente pierde la seguridad socia; y si su situación de desempleo se alarga, consumirá sus escasos ahorros y arriesgará que sus hijos, si están en colegios y universidades privadas, sean excluidos por falta de pago.
Según el Ministerio de la Protección Social, en 2007 se otorgaron 80.600 subsidios de desempleo, y 26.806 en los primeros cuatro meses de 2008. En esto consiste la política de “protección” que el Estado le otorga a los desempleados, que sólo cubre al 2.8% de la población desempleada. Y lo hace con recursos de los propios trabajadores, pues son las Cajas de Compensación Familiar las que se encargan de pagarlo mediante la entrega de un bono equivalente a 1.5 salarios mínimos, ($745.350), el cual se divide y otorga en seis cuotas mensuales iguales, cada una de $124.225; cuotas que se hacen efectivas a través de aportes al sistema de salud, bonos alimenticios o de educación, según la elección que haga el beneficiario.
Contrasta esta política con los beneficios que el “Estado Comunitario” les otorga a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Según Salomón Kalmanovitz, (El Espectador, 24/03/09), las exenciones de impuestos a las empresas le representaron en el 2008 al fisco nacional $5,7 billones, equivalentes el 1,2% del PIB, o a cerca del 6% del recaudo total de la nación. Y el propio Ministro de Hacienda reconoció por Radio Caracol (25/03/09) que la reforma tributaria del 2006 les va a significar a los empresarios en el 2009 un punto menos en el impuesto a la renta y medio punto menos en timbre nacional, los que sumados equivalen a $2.2 billones, que es lo que los empresarios dejarán de pagar en este año por esos dos conceptos. Lo que significa que en solo dos años los grandes empresarios le dejaron de aportar al país $7.9 billones de pesos (¡!).
Si en vez de beneficiar con estas exenciones tributarias a los “riquitos”, como les dice el presidente, y estos recursos mejor se utilizaran para financiar el subsidio al desempleo, con los $5.7 billones de exenciones que tuvieron en 2008 se hubiera podido pagar, a todos los desempleados y cesantes (2´830.000 personas), un salario mínimo ($496.900) durante 4 meses. Y con los $2.2 billones que por exenciones dejarán de pagar en 2009, se podrá pagar un salario mínimo durante 8 meses a los 531 mil jefes y jefas de hogar que hoy están desempleados. O se podría darles a todos los desempleados un ingreso antiindigencia ($120.000) durante 6 meses.
Adicionalmente, el gobierno también podría encargarse de que ningún trabajador cesante pierda su acceso a la seguridad social. La gran mayoría de los trabajadores cesantes tienen un problema, y es que por su condición socioeconómica anterior a la pérdida del empleo, no clasifican para el SISBEN, por lo que al mes siguiente ya no aparecen en los sistemas de las EPS y se quedan completamente al margen de la seguridad social en salud. Adicionalmente, el gobierno también podría asumir la financiación del estudio en las universidades públicas para los hijos e hijas de los trabajadores que pierden el empleo.
El Gobierno está en la obligación de promover políticas públicas que hagan realidad la noción de Estado Social que acordamos en la Constitución de 1991, que hacen de Colombia un Estado “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas”; un Estado que señala que “sus fines esenciales son los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; un Estado que le define a las autoridades de la República “el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y en asegurar el cumplimiento de los deberes sociales”; un Estado que tiene “la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.
Rebajarles los impuestos a los “riquitos” no va a significar mayor inversión ni mayor consumo, como lo afirma el Ministro de Hacienda. Al contrario, estos recursos terminarán en las cuenta de estas personas en algún paraíso fiscal. Los tiempos de crisis y recesión económica, como el que empezamos a vivir, en los que se va a incrementar el número de personas al margen de la protección social y sin ingresos, lo que exigen son políticas en otro sentido, como las iniciativas atrás propuestas. Estas políticas tendrán además un impacto positivo contra la crisis misma, en la medida en que al asegurar un mínimo de ingresos para toda la población cesante, el mercado interno se dinamiza afectando positivamente la industria, el comercio y los servicios, en un contexto en donde la industria está perdiendo mercados, como lo muestran la caída de la exportaciones hacia los Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.
Análisis de la ENS. 30 marzo 2009.
Para la población cesante y desempleada del país el Estado Social no existe.
Cuando una persona pierde el empleo, inmediatamente pierde también los ingresos; al mes siguiente pierde la seguridad socia; y si su situación de desempleo se alarga, consumirá sus escasos ahorros y arriesgará que sus hijos, si están en colegios y universidades privadas, sean excluidos por falta de pago.
Según el Ministerio de la Protección Social, en 2007 se otorgaron 80.600 subsidios de desempleo, y 26.806 en los primeros cuatro meses de 2008. En esto consiste la política de “protección” que el Estado le otorga a los desempleados, que sólo cubre al 2.8% de la población desempleada. Y lo hace con recursos de los propios trabajadores, pues son las Cajas de Compensación Familiar las que se encargan de pagarlo mediante la entrega de un bono equivalente a 1.5 salarios mínimos, ($745.350), el cual se divide y otorga en seis cuotas mensuales iguales, cada una de $124.225; cuotas que se hacen efectivas a través de aportes al sistema de salud, bonos alimenticios o de educación, según la elección que haga el beneficiario.
Contrasta esta política con los beneficios que el “Estado Comunitario” les otorga a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Según Salomón Kalmanovitz, (El Espectador, 24/03/09), las exenciones de impuestos a las empresas le representaron en el 2008 al fisco nacional $5,7 billones, equivalentes el 1,2% del PIB, o a cerca del 6% del recaudo total de la nación. Y el propio Ministro de Hacienda reconoció por Radio Caracol (25/03/09) que la reforma tributaria del 2006 les va a significar a los empresarios en el 2009 un punto menos en el impuesto a la renta y medio punto menos en timbre nacional, los que sumados equivalen a $2.2 billones, que es lo que los empresarios dejarán de pagar en este año por esos dos conceptos. Lo que significa que en solo dos años los grandes empresarios le dejaron de aportar al país $7.9 billones de pesos (¡!).
Si en vez de beneficiar con estas exenciones tributarias a los “riquitos”, como les dice el presidente, y estos recursos mejor se utilizaran para financiar el subsidio al desempleo, con los $5.7 billones de exenciones que tuvieron en 2008 se hubiera podido pagar, a todos los desempleados y cesantes (2´830.000 personas), un salario mínimo ($496.900) durante 4 meses. Y con los $2.2 billones que por exenciones dejarán de pagar en 2009, se podrá pagar un salario mínimo durante 8 meses a los 531 mil jefes y jefas de hogar que hoy están desempleados. O se podría darles a todos los desempleados un ingreso antiindigencia ($120.000) durante 6 meses.
Adicionalmente, el gobierno también podría encargarse de que ningún trabajador cesante pierda su acceso a la seguridad social. La gran mayoría de los trabajadores cesantes tienen un problema, y es que por su condición socioeconómica anterior a la pérdida del empleo, no clasifican para el SISBEN, por lo que al mes siguiente ya no aparecen en los sistemas de las EPS y se quedan completamente al margen de la seguridad social en salud. Adicionalmente, el gobierno también podría asumir la financiación del estudio en las universidades públicas para los hijos e hijas de los trabajadores que pierden el empleo.
El Gobierno está en la obligación de promover políticas públicas que hagan realidad la noción de Estado Social que acordamos en la Constitución de 1991, que hacen de Colombia un Estado “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas”; un Estado que señala que “sus fines esenciales son los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; un Estado que le define a las autoridades de la República “el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y en asegurar el cumplimiento de los deberes sociales”; un Estado que tiene “la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.
Rebajarles los impuestos a los “riquitos” no va a significar mayor inversión ni mayor consumo, como lo afirma el Ministro de Hacienda. Al contrario, estos recursos terminarán en las cuenta de estas personas en algún paraíso fiscal. Los tiempos de crisis y recesión económica, como el que empezamos a vivir, en los que se va a incrementar el número de personas al margen de la protección social y sin ingresos, lo que exigen son políticas en otro sentido, como las iniciativas atrás propuestas. Estas políticas tendrán además un impacto positivo contra la crisis misma, en la medida en que al asegurar un mínimo de ingresos para toda la población cesante, el mercado interno se dinamiza afectando positivamente la industria, el comercio y los servicios, en un contexto en donde la industria está perdiendo mercados, como lo muestran la caída de la exportaciones hacia los Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.
martes, 24 de marzo de 2009
DEL PORQUÉ LOS TRABAJADORES OBJETAMOS
Las Centrales Obreras tenemos plena convicción, y así lo hemos reiterado en nuestros pronunciamientos, que el asunto principal en las discusiones sobre los tratados de libre comercio es la defensa del mercado interno, los recursos naturales y el trabajo nacional.
Las posibilidades de que nuestras fuerzas productivas alcancen un verdadero desarrollo, y con ello el mejoramiento del nivel de vida de los colombianos, están estrechamente ligadas al propósito de abastecer nuestro mercado interno con mercancías, productos y servicios de origen nacional y a que la capacidad de compra de los trabajadores les permita satisfacer sus más elementales necesidades. Partir de premisas distintas al momento de opinar sobre el libre comercio y la globalización, conduce al equívoco de negar la disparidad existente entre las economías gringa y europea y la nuestra y a soslayar el interés marcado de esas potencias por inundar nuestro mercado con sus mercancías, capitales y servicios, golpeando aún más nuestra ya mermada capacidad productiva.
No se trata solamente de firmar un capítulo garantista en materia de derechos laborales y libertades ciudadanas, que por supuesto están harto maltrechas por imposición de esas potencias; se trata de defender las riquezas naturales, la producción y el trabajo nacionales, que es en últimas el derecho a desarrollarnos como nación independiente, tal como lo intentan hacer Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otras.
Al movimiento sindical, antes que pensar en conciliar y alcahuetear los desmanes que se cometen contra la nación colombiana y su población, le corresponde continuar dando la batalla contra la aprobación del TLC con Estados Unidos y denunciar ante el mundo el carácter autoritario y dictatorial del presidente Álvaro Uribe y la manera como el gran empresariado colombiano lo secunda en tal despropósito.
Respecto al triunfo electoral de Barack Obama, lo consideramos un rechazo del pueblo norteamericano a la política económica y guerrerista de Bush, sin olvidar que los intereses de la potencia imperialista son bien distintos de los nuestros y que la globalización y el neoliberalismo que impulsa corresponden a políticas bipartidistas de Estado que comprometen en Estados Unidos tanto a Demócratas como Republicanos.
Finalmente, los intransigentes y renuentes a reconocer los derechos de asociación y negociación de los trabajadores han sido precisamente los gobiernos de turno y con mucho el de Uribe Vélez aupado por los grandes “Cacaos” de la Andi y del sector financiero. ¿O en qué país cree usted que ocurrieron los recientes paros de los corteros de caña, de la Rama Judicial, el magisterio, la Registraduría, la DIAN y el ICBF, entre otros? Lamentable y rechazable su insinuación coincidente con el uribismo sobre la instrumentalización del sindicalismo por parte de los grupos ilegales. Seguimos estando de la orilla de los trabajadores, de la democracia y de la Nación.
La valiente y justa lucha de los indígenas, que merece el apoyo decidido de todos los colombianos de bien, muestra con meridiana claridad que los problemas de Colombia y su gente son mucho más graves que los que usted parece considerar en su columna y en sus propuestas. No es simple coincidencia que en los puntos que orientan la Minga Indígena se consigne el rechazo total al TLC que el gobierno de Uribe Vélez hizo aprobar de su Congreso y que suplican a voz en cuello que se les ratifique en el de los Estados Unidos.
* Contenido de la Carta de Respuesta de la CUT a las Propuestas del Periodista León Valencia publicadas en El Tiempo del 15 de noviembre. CUT, Bogotá, noviembre 18 de 2008.
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Café Industrial
Las posibilidades de que nuestras fuerzas productivas alcancen un verdadero desarrollo, y con ello el mejoramiento del nivel de vida de los colombianos, están estrechamente ligadas al propósito de abastecer nuestro mercado interno con mercancías, productos y servicios de origen nacional y a que la capacidad de compra de los trabajadores les permita satisfacer sus más elementales necesidades. Partir de premisas distintas al momento de opinar sobre el libre comercio y la globalización, conduce al equívoco de negar la disparidad existente entre las economías gringa y europea y la nuestra y a soslayar el interés marcado de esas potencias por inundar nuestro mercado con sus mercancías, capitales y servicios, golpeando aún más nuestra ya mermada capacidad productiva.
No se trata solamente de firmar un capítulo garantista en materia de derechos laborales y libertades ciudadanas, que por supuesto están harto maltrechas por imposición de esas potencias; se trata de defender las riquezas naturales, la producción y el trabajo nacionales, que es en últimas el derecho a desarrollarnos como nación independiente, tal como lo intentan hacer Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otras.
Al movimiento sindical, antes que pensar en conciliar y alcahuetear los desmanes que se cometen contra la nación colombiana y su población, le corresponde continuar dando la batalla contra la aprobación del TLC con Estados Unidos y denunciar ante el mundo el carácter autoritario y dictatorial del presidente Álvaro Uribe y la manera como el gran empresariado colombiano lo secunda en tal despropósito.
Respecto al triunfo electoral de Barack Obama, lo consideramos un rechazo del pueblo norteamericano a la política económica y guerrerista de Bush, sin olvidar que los intereses de la potencia imperialista son bien distintos de los nuestros y que la globalización y el neoliberalismo que impulsa corresponden a políticas bipartidistas de Estado que comprometen en Estados Unidos tanto a Demócratas como Republicanos.
Finalmente, los intransigentes y renuentes a reconocer los derechos de asociación y negociación de los trabajadores han sido precisamente los gobiernos de turno y con mucho el de Uribe Vélez aupado por los grandes “Cacaos” de la Andi y del sector financiero. ¿O en qué país cree usted que ocurrieron los recientes paros de los corteros de caña, de la Rama Judicial, el magisterio, la Registraduría, la DIAN y el ICBF, entre otros? Lamentable y rechazable su insinuación coincidente con el uribismo sobre la instrumentalización del sindicalismo por parte de los grupos ilegales. Seguimos estando de la orilla de los trabajadores, de la democracia y de la Nación.
La valiente y justa lucha de los indígenas, que merece el apoyo decidido de todos los colombianos de bien, muestra con meridiana claridad que los problemas de Colombia y su gente son mucho más graves que los que usted parece considerar en su columna y en sus propuestas. No es simple coincidencia que en los puntos que orientan la Minga Indígena se consigne el rechazo total al TLC que el gobierno de Uribe Vélez hizo aprobar de su Congreso y que suplican a voz en cuello que se les ratifique en el de los Estados Unidos.
* Contenido de la Carta de Respuesta de la CUT a las Propuestas del Periodista León Valencia publicadas en El Tiempo del 15 de noviembre. CUT, Bogotá, noviembre 18 de 2008.
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SINDICATOS DE TODO EL MUNDO
Dirigentes sindicales de los países del G20 presentarán un completo plan para dar un nuevo giro a la economía mundial con una serie de acciones urgentes para evitar la perspectiva de una profunda recesión global de larga duración, sumadas a cambios importantes en la gestión de la economía global a fin de dejar atrás décadas de políticas de desregulación que han ocasionado la actual crisis. Se requiere un nuevo impulso al desarrollo y el trabajo decente, así como un "Nuevo trato verde" para abordar de manera efectiva el cambio climático. Las detalladas propuestas sindicales quedan recogidas en un programa de recuperación y reforma titulado "Declaración de Washington"1
Hoy, con los resultados desastrozos de una política liberal, se requieren acciones inmediatas para impulsar la economía mundial e incitar la creación de empleo. Los gobiernos deben estar preparados para realizar, de manera coordinada, mayores reducciones en los tipos de interés y para incrementar la inversión en infraestructura, educación y sanidad a fin de estimular el crecimiento de la demanda y reforzar los servicios públicos. Esto debe ir acompañado de medidas fiscales y de gasto para apoyar el poder adquisitivo de los grupos con ingresos bajos y medios, y de medidas concretas para estimular la inversión en bienes y servicios verdes, con objeto de hacer frente al cambio climático.
El resultado de las elecciones en EEUU es fiel reflejo de un rechazo a escala mundial de la ideología fundamentalista de derechas que ha hecho que un puñado de personas sean increíblemente ricas, mientras crecen las desigualdades y la inseguridad económica, el desarrollo se ha paralizado, y el mundo se sitúa al borde de una calamidad económica. Decenas de millones de trabajadores y trabajadoras podrían perder sus empleos y más y más personas se encuentran sumidos en la pobreza, siendo las mujeres muchas veces las más afectadas", comentó el Secretario General de la CSI, Guy Ryder.
Además de las disposiciones inmediatas para estimular la economía mundial, los sindicatos presentan un paquete completo de medidas reguladoras encaminadas a garantizar la gobernanza global de la economía mundial, que acuerden un destacado papel a la OIT en línea con la nueva Declaración sobre la Justicia Social de la misma. Entre los elementos clave del paquete de medidas figuran:
1. Mejor rendición de cuentas por parte de los bancos centrales; 2. Regulación de los fondos especulativos y el capital riesgo; 3. Adecuada supervisión de bancos y conglomerados mundiales; 4. Reforma y control de los salarios de ejecutivos y distribución de beneficios; 5. Impuesto a las transacciones financieras internacionales; 6. Reforma de las agencias de calificación crediticia; 7. Terminar con los paraísos fiscales; 8. Proteger frente a los préstamos abusivos, y 9. Políticas activas de vivienda y servicios financieros basados en la comunidad.
La Declaración de Washington llama igualmente la atención sobre la suerte de los países más pobres del mundo, donde el impacto de la crisis global se sentirá aún más. Pide a los países más ricos que se aseguren de que se cumplan las metas internacionales sobre ayuda al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, e insta a actuar para garantizar que los artículos de primera necesidad, especialmente los alimentos, resulten abordables para los más pobres.
Establece una plataforma del movimiento sindical internacional para una nueva estructura de gobernanza de la economía mundial, que no debe limitarse a los mercados financieros y los flujos de divisas. La nueva estructura deberá superar los importantes fallos de que adolece el sistema actual, y garantizar que las economías emergentes y los países en desarrollo ocupen el lugar que les corresponde a la hora de tomar las decisiones políticas que se impongan. El Trabajo Decente ha de ocupar un lugar prioritario en el nuevo enfoque, con la creación de empleo, los derechos fundamentales de los trabajadores, la protección social y el diálogo social como elementos centrales para revertir las enormes desigualdades que han originado la presente crisis. Los sindicatos tienen una contribución importante que realizar en la elaboración de la reforma internacional necesaria, y la declaración pide a los gobiernos que se aseguren de implicarlos plenamente en dicho proceso.
En las últimas tres décadas a los gobiernos les ha resultado muy fácil desentenderse de su propio papel en la regulación de los mercados y para asegurarse de que las compañías multinacionales cumplan las normas internacionales respecto a los derechos de los trabajadores. Volver a conseguir que las políticas gubernamentales tomen el mando será mucho más difícil, y ningún gobierno podrá lograrlo por sí solo. Ha llegado el momento de una acción coordinada para restaurar una regulación adecuada que haga que los mercados estén al servicio de la población y en el logro de este objetivo el papel a jugar por lo sindicatos mundialmente es de gran importancia.
1. La Declaración puede consultarse en: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/0811t_gf_G20_es.pdf
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Café Industrial
Hoy, con los resultados desastrozos de una política liberal, se requieren acciones inmediatas para impulsar la economía mundial e incitar la creación de empleo. Los gobiernos deben estar preparados para realizar, de manera coordinada, mayores reducciones en los tipos de interés y para incrementar la inversión en infraestructura, educación y sanidad a fin de estimular el crecimiento de la demanda y reforzar los servicios públicos. Esto debe ir acompañado de medidas fiscales y de gasto para apoyar el poder adquisitivo de los grupos con ingresos bajos y medios, y de medidas concretas para estimular la inversión en bienes y servicios verdes, con objeto de hacer frente al cambio climático.
El resultado de las elecciones en EEUU es fiel reflejo de un rechazo a escala mundial de la ideología fundamentalista de derechas que ha hecho que un puñado de personas sean increíblemente ricas, mientras crecen las desigualdades y la inseguridad económica, el desarrollo se ha paralizado, y el mundo se sitúa al borde de una calamidad económica. Decenas de millones de trabajadores y trabajadoras podrían perder sus empleos y más y más personas se encuentran sumidos en la pobreza, siendo las mujeres muchas veces las más afectadas", comentó el Secretario General de la CSI, Guy Ryder.
Además de las disposiciones inmediatas para estimular la economía mundial, los sindicatos presentan un paquete completo de medidas reguladoras encaminadas a garantizar la gobernanza global de la economía mundial, que acuerden un destacado papel a la OIT en línea con la nueva Declaración sobre la Justicia Social de la misma. Entre los elementos clave del paquete de medidas figuran:
1. Mejor rendición de cuentas por parte de los bancos centrales; 2. Regulación de los fondos especulativos y el capital riesgo; 3. Adecuada supervisión de bancos y conglomerados mundiales; 4. Reforma y control de los salarios de ejecutivos y distribución de beneficios; 5. Impuesto a las transacciones financieras internacionales; 6. Reforma de las agencias de calificación crediticia; 7. Terminar con los paraísos fiscales; 8. Proteger frente a los préstamos abusivos, y 9. Políticas activas de vivienda y servicios financieros basados en la comunidad.
La Declaración de Washington llama igualmente la atención sobre la suerte de los países más pobres del mundo, donde el impacto de la crisis global se sentirá aún más. Pide a los países más ricos que se aseguren de que se cumplan las metas internacionales sobre ayuda al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, e insta a actuar para garantizar que los artículos de primera necesidad, especialmente los alimentos, resulten abordables para los más pobres.
Establece una plataforma del movimiento sindical internacional para una nueva estructura de gobernanza de la economía mundial, que no debe limitarse a los mercados financieros y los flujos de divisas. La nueva estructura deberá superar los importantes fallos de que adolece el sistema actual, y garantizar que las economías emergentes y los países en desarrollo ocupen el lugar que les corresponde a la hora de tomar las decisiones políticas que se impongan. El Trabajo Decente ha de ocupar un lugar prioritario en el nuevo enfoque, con la creación de empleo, los derechos fundamentales de los trabajadores, la protección social y el diálogo social como elementos centrales para revertir las enormes desigualdades que han originado la presente crisis. Los sindicatos tienen una contribución importante que realizar en la elaboración de la reforma internacional necesaria, y la declaración pide a los gobiernos que se aseguren de implicarlos plenamente en dicho proceso.
En las últimas tres décadas a los gobiernos les ha resultado muy fácil desentenderse de su propio papel en la regulación de los mercados y para asegurarse de que las compañías multinacionales cumplan las normas internacionales respecto a los derechos de los trabajadores. Volver a conseguir que las políticas gubernamentales tomen el mando será mucho más difícil, y ningún gobierno podrá lograrlo por sí solo. Ha llegado el momento de una acción coordinada para restaurar una regulación adecuada que haga que los mercados estén al servicio de la población y en el logro de este objetivo el papel a jugar por lo sindicatos mundialmente es de gran importancia.
1. La Declaración puede consultarse en: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/0811t_gf_G20_es.pdf
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CARTA DEL SENADOR ROBLEDO AL GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
Doctor
GABRIEL SILVA
Gerente Federación Nacional de Cafeteros
DIEGO PALACIO
Ministro de la Protección Social
Bogotá
Ref. Que cese la persecución sindical en la Federación Nacional de Cafeteros y Almacafé.
Estoy seguro de que en público Ustedes dicen que no puede haber democracia auténtica si a los trabajadores se les impide o debilita el derecho a constituir organizaciones sindicales. No obstante, la Federación Nacional de Cafeteros y Almacafé, empresas que Usted gerencia y dirige, Doctor Gabriel Silva, violan los derechos sindicales, al tiempo que su Ministerio, doctor Diego Palacio, facilita esa violación. Los siguientes son ejemplos que ya conoce la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
Desde el pasado mes de julio les han negado a los directivos sindicales siete permisos permanentes cuyo origen se remonta a 1961. Para empeorar las cosas, la Federación Nacional de Cafeteros desconoció el fallo de un juez que les dio la razón a los trabajadores. El año pasado, fueron despedidos 26 directivos de las organizaciones Sintrafec y Sintrainduscafé. Este acto de barbarie, entre otros daños, les destruyó a Sintrainduscafé su junta Directiva Nacional y a Sintrafec su Comisión Nacional de Reclamos.
La Federación de Cafeteros y Almacafé insisten en no descontarles las cuotas a todos los trabajadores que se benefician de la convención colectiva de trabajo, agresión calculada para debilitar los sindicatos. Y dichas empresas, cuando se les antoja, impugnan la inscripción de las subdirectivas sindicales.
Persecuciones como estas son las que explican por qué en esas empresas apenas está sindicalizado el diez por ciento de los trabajadores, hecho que además confirma que en la Colombia del Presidente Álvaro Uribe los derechos constitucionales y legales de los trabajadores son letra muerta.
Este llamado busca que Colombia sea una democracia auténtica. También defiende las ventas de café colombiano en el exterior, donde crece el repudio a la persecución sindical en el país. Y contiene otro aspecto no menos importante: si mejoran los ingresos de los asalariados crece la economía nacional, porque aumentan las ventas de la industria y el agro.
Atentamente
Jorge Enrique Robledo
Senador de la República”
En similares términos se pronunciaron la Senadora Gloria Inés Ramírez y el Representante a la Cámara Carlos A. Galvez, instando a la empresa a cumplir la convención e invitándoles a una reunión conjunta para analizar y solucionar las diferencias, invitación que fue rechazada por las directivas empresariales.
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GABRIEL SILVA
Gerente Federación Nacional de Cafeteros
DIEGO PALACIO
Ministro de la Protección Social
Bogotá
Ref. Que cese la persecución sindical en la Federación Nacional de Cafeteros y Almacafé.
Estoy seguro de que en público Ustedes dicen que no puede haber democracia auténtica si a los trabajadores se les impide o debilita el derecho a constituir organizaciones sindicales. No obstante, la Federación Nacional de Cafeteros y Almacafé, empresas que Usted gerencia y dirige, Doctor Gabriel Silva, violan los derechos sindicales, al tiempo que su Ministerio, doctor Diego Palacio, facilita esa violación. Los siguientes son ejemplos que ya conoce la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
Desde el pasado mes de julio les han negado a los directivos sindicales siete permisos permanentes cuyo origen se remonta a 1961. Para empeorar las cosas, la Federación Nacional de Cafeteros desconoció el fallo de un juez que les dio la razón a los trabajadores. El año pasado, fueron despedidos 26 directivos de las organizaciones Sintrafec y Sintrainduscafé. Este acto de barbarie, entre otros daños, les destruyó a Sintrainduscafé su junta Directiva Nacional y a Sintrafec su Comisión Nacional de Reclamos.
La Federación de Cafeteros y Almacafé insisten en no descontarles las cuotas a todos los trabajadores que se benefician de la convención colectiva de trabajo, agresión calculada para debilitar los sindicatos. Y dichas empresas, cuando se les antoja, impugnan la inscripción de las subdirectivas sindicales.
Persecuciones como estas son las que explican por qué en esas empresas apenas está sindicalizado el diez por ciento de los trabajadores, hecho que además confirma que en la Colombia del Presidente Álvaro Uribe los derechos constitucionales y legales de los trabajadores son letra muerta.
Este llamado busca que Colombia sea una democracia auténtica. También defiende las ventas de café colombiano en el exterior, donde crece el repudio a la persecución sindical en el país. Y contiene otro aspecto no menos importante: si mejoran los ingresos de los asalariados crece la economía nacional, porque aumentan las ventas de la industria y el agro.
Atentamente
Jorge Enrique Robledo
Senador de la República”
En similares términos se pronunciaron la Senadora Gloria Inés Ramírez y el Representante a la Cámara Carlos A. Galvez, instando a la empresa a cumplir la convención e invitándoles a una reunión conjunta para analizar y solucionar las diferencias, invitación que fue rechazada por las directivas empresariales.
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Café Industrial
REINTEGRO DE LAS COMPAÑERAS
Finalizando el año 2008 se llevó a cabo así mismo el REINTEGRO de la compañera María Marlene Parra Mora, quien había sido victima de la violencia sindical empresarial al ser despedida sin justa causa alguna.
Efectivamente, tanto el Juez como los Magistrados del Tribunal y los propios de la Corte Suprema de Justicia encontraron irrazonables desde todo punto de vista las argumentaciones de las directivas empresariales mismos que, recordamos, les fueron aplicados a varios de nuestros compañeros de trabajo quienes, por no estar cobijados por la Convención Colectiva no pudieron más que recibir las sumas indemnizatorias y/o conciliatorias.
Menester es informar que el costo en que incurrió la empresa, por causa de la determinación de los directivos, asciende a la suma de 112 millones de pesos que, como siempre ha ocurrido, no saldrán del peculio de quines tomaron tan irresponsable, arbitraria, ilegal e injusta determinación sino, de las arcas del gremio cafetero del que se jactan públicamente defender a capa y espada.
En el mismo sentido se falló el Reintegro de la compañera Ana Fidelina pero, por haber cumplido la edad legal para su Pensión de Vejez, en lugar de volver al frente de trabajo, empezó a disfrutar de tan anhelado logro de los trabajadores.
Así, el Reintegro de las compañeras María Marlene Parra Mora y Ana Fidelina Puerta se convierten en un Triunfo más para las organizaciones sindicales en particular y para el conjunto de los trabajadores en general, pues se demuestra que mientras estemos al abrigo de los sindicatos, sus convenciones, normas que buscan superar los mínimos contenidos en la ley laboral, nos brindan la posibilidad de ganarnos jurídicamente el Reintegro a nuestros puestos de trabajo y defendernos de las arbitrariedades de quienes están al frente de la dirección de las empresa cafeteras.
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Café Industrial
Efectivamente, tanto el Juez como los Magistrados del Tribunal y los propios de la Corte Suprema de Justicia encontraron irrazonables desde todo punto de vista las argumentaciones de las directivas empresariales mismos que, recordamos, les fueron aplicados a varios de nuestros compañeros de trabajo quienes, por no estar cobijados por la Convención Colectiva no pudieron más que recibir las sumas indemnizatorias y/o conciliatorias.
Menester es informar que el costo en que incurrió la empresa, por causa de la determinación de los directivos, asciende a la suma de 112 millones de pesos que, como siempre ha ocurrido, no saldrán del peculio de quines tomaron tan irresponsable, arbitraria, ilegal e injusta determinación sino, de las arcas del gremio cafetero del que se jactan públicamente defender a capa y espada.
En el mismo sentido se falló el Reintegro de la compañera Ana Fidelina pero, por haber cumplido la edad legal para su Pensión de Vejez, en lugar de volver al frente de trabajo, empezó a disfrutar de tan anhelado logro de los trabajadores.
Así, el Reintegro de las compañeras María Marlene Parra Mora y Ana Fidelina Puerta se convierten en un Triunfo más para las organizaciones sindicales en particular y para el conjunto de los trabajadores en general, pues se demuestra que mientras estemos al abrigo de los sindicatos, sus convenciones, normas que buscan superar los mínimos contenidos en la ley laboral, nos brindan la posibilidad de ganarnos jurídicamente el Reintegro a nuestros puestos de trabajo y defendernos de las arbitrariedades de quienes están al frente de la dirección de las empresa cafeteras.
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Café Industrial
TRABAJO DECENTE Y VIDA DIGNA
Tras años estériles y devastadores de neoliberalismo, en Colombia y América Latina nos hemos venido quitando la venda de la ortodoxia fundamentalista y sus alucinantes delirios. Delirios de mercados perfectos, Estados mínimos y superación de la pobreza por el efecto de las gotas de riqueza que se derraman de la copa de las personas privilegiadas, directamente beneficiadas por estos Estados hiperactivos para favorecer el enriquecimiento privado y pasivos para redistribuir la riqueza y para crear empleos decentes.
Y claro, este modelo de sangre, sudor y lágrimas, como le ha denominado Amartya Sen, ha afectado en exceso a la población que ha ido llegando al mundo del trabajo en estas décadas neoliberales. Años en los que todo se diseñó para el crecimiento económico a ultranza y millones de personas fueron expulsadas de sus trabajos a las calles; años en los que millones han tenido trabajos flexibles, desprotegidos, mal pagos y por lo general encubriendo nuevas y fraudulentas maneras de evadir los derechos y garantías en las relaciones laborales.
Al fundamentalismo del neoliberalismo económico se le sumó la amoralidad política. Sin dudarlo, las profecías de la divinidad del mercado, imp1usieron su fe a través de diferentes estrategias que han ido desde golpes de Estado, reformas legales pagadas en dólares, corrupción y compra de la administración de justicia, de la represión sin freno a quienes han protestado, la entrega por sumas irrisorias de los patrimonios públicos en todo el continente, y finalmente el arrinconamiento y el desconocimiento del movimiento sindical.
Y claro, este modelo de sangre, sudor y lágrimas, como le ha denominado Amartya Sen, ha afectado en exceso a la población que ha ido llegando al mundo del trabajo en estas décadas neoliberales. Años en los que todo se diseñó para el crecimiento económico a ultranza y millones de personas fueron expulsadas de sus trabajos a las calles; años en los que millones han tenido trabajos flexibles, desprotegidos, mal pagos y por lo general encubriendo nuevas y fraudulentas maneras de evadir los derechos y garantías en las relaciones laborales.
Al fundamentalismo del neoliberalismo económico se le sumó la amoralidad política. Sin dudarlo, las profecías de la divinidad del mercado, imp1usieron su fe a través de diferentes estrategias que han ido desde golpes de Estado, reformas legales pagadas en dólares, corrupción y compra de la administración de justicia, de la represión sin freno a quienes han protestado, la entrega por sumas irrisorias de los patrimonios públicos en todo el continente, y finalmente el arrinconamiento y el desconocimiento del movimiento sindical.
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