Arranca la negociación colectiva Gobierno- Magisterio,
en el marco del nuevo y controvertido Decreto 535
—En próximos días también lo hará el sindicato del Min-Protección Social—
Para las 11 de la mañana de hoy miércoles estaba previsto el inicio de la discusión del pliego de peticiones que la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) le presentó al Gobierno Nacional, en el marco de la nueva norma que reglamenta la negociación colectiva de los empleados públicos (Decreto 535 de 2009).
Por su parte Sinaltraempros, sindicato que aglutina 1.800 trabajadores del Ministerio de la Protección Social, está a la espera de que el Gobierno designe los negociadores del pliego que presentó desde el pasado 27 de febrero. A este respecto Francisco Maltés, directivo nacional de la CUT, anunció que se están haciendo gestiones ante las comisiones séptima de Senado y Cámara para que el tema de la negociación colectiva de los empleados públicos sea objeto de debate político en el Congreso.
Asimismo, desde hace 20 días las organizaciones sindicales de los trabajadores del Distrito de Bogotá le presentaron un pliego unificado de peticiones al Alcalde Samuel Moreno, que cobijará a 18 mil trabajadores de todas las dependencias distritales. También está pendiente el inicio de su discusión.
Un decreto controvertido
Se trata de la primera y gran prueba de fuego que tendrá el controvertido Decreto 535, ya que FECODE es el sindicato más grande del sector estatal, y Sinaltraempros es el del Ministerio que justamente tiene que ver con el tema laboral y sindical. El éxito o fracaso de la negociación colectiva que desde hoy adelanta con el Gobierno tendrá, en el caso de FECODE, efectos sobre 278 mil personas, que es su número de afiliados.
Según el Decreto 535, la discusión del pliego tiene un término de 40 días, al cabo de los cuales, de no llegar a un arreglo, se podrá recurrir el tribunal de arbitramento. Sin embargo, no son pocas las restricciones y omisiones que el Gobierno, intencionalmente, incluyó en temas fundamentales; restricciones que en consideración del movimiento sindical le restan eficacia a la norma de frente a los intereses de los empleados públicos.
En efecto, en ninguna parte el Decreto habla de negociación, del reconocimiento de las partes, de conflicto colectivo (ni siquiera de la posibilidad de lograr acuerdos colectivos). De lo que habla es de concertar y de que, cumplido el término de concertación –que no implica la existencia de acuerdo alguno-, la administración unilateralmente resolverá las peticiones respetuosas planteadas. En otras palabras, lo que establece es un escenario para conversar o tertuliar con la administración sin ninguna trascendencia jurídica. El artículo 3° excluye de los temas de “concertación” lo relacionado con la planta de personal, restricción que les impide a los empleados hacerle frente a la política de tercerización y contratación temporal. Además, el Decreto no incorpora mecanismos idóneos para que las peticiones de los empleados públicos sean tenidas en cuenta, y menos les concede el derecho a la huelga, definitivo a la hora de hacer valer sus reclamaciones. Es, en suma, una norma sin los suficientes dientes.
De ahí que Senén Mosquera, presidente de FECODE, en diálogo con la Agencia de Información de la ENS, se mostró escéptico y vaticinó un difícil clima de negociación. “No será fácil, porque conocemos la política antisindical que el Gobierno de Uribe ha mostrado a lo largo de los últimos años, desoyendo los reclamos y las reivindicaciones de los trabajadores. El Decreto 535 obliga al gobierno a recibir el pliego y a escuchar, pero no a negociarlo”.
Puntos del pliego de FECODE
El pliego que desde hoy negocia el Magisterio con el Gobierno consta de muchos puntos, dada la complejidad de las relaciones laborales y salariales entre ambas partes. Se destacan los siguientes:
1- Un estatuto único de la profesión, que regule las relaciones laborales y condiciones de trabajo de los docentes, lo cual ha sido una de las banderas de lucha que en los últimos 20 años ha mantenido la organización sindical del magisterio del sector público.
2- Respeto al Régimen Pensional Especial del Magisterio, que en concepto de FECODE ha sido agredido por un concepto del Consejo de Estado, el cual, de una manera equivocada según Senén Niño, conceptuó que dicho régimen termina el 31 de julio de 2010. FECODE, en cambio, considera que el acto legislativo 01 de 2005 preservó por la vía de excepción cuatro regímenes especiales: el de la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas, el Inpec y el magisterio.
3- Que se congele el proceso de privatización de la educación colombiana.
4- Que se deroguen las normas que han golpeado la calidad de la educación, como lo son los decretos 1850, 230 y 3020 de 2002.
5- Incremento salarial para el 2009 superior al 7.67%, y que se discuta de una vez el aumento para el 2010, para que el Gobierno tenga tiempo de incluirlo en la Ley de Presupuesto y no tenga así este argumento dilatorio. En su pliego, la organización sindical de los maestros pide, además, que el Gobierno pague todas las deudas que tiene con el magisterio en materia de salarios y ascensos.
6- Que se establezca un régimen de traslados de maestros que sea democrático.
martes, 31 de marzo de 2009
Decreto 535
Después de un mes largo de haber sido suscrito por el Gobierno Nacional, el controvertido Decreto 535 (que regula las convencioens colectivas de los empleados públicos) tiene su primera y más importante prueba de fuego. Desde hoy FECODE, el sindicato estatal más grande del país, y una comisión del Ministerio de Educación discuten y negocian una convención colectiva en el nuevo marco del Decreto 535.
Y por otro lado, un proceso similar de negociación comenzará en próximos días entre el Gobierno Nacional y Sinaltraempros, sindicato que aglutina 1.800 trabajadores del Ministerio de la Protección Social.
Se verá entonces si el Decreto 535 representa un avance real en la legislación laboral, o si, como piensan muchos, es apenas un embeleco del Gobierno para hacerle creer a la OIT y a la comunidad internacional que está cumpliendo con los acuerdos y los estándares internacionales, al tiempo que sigue restringiendo los derechos de los trabajadores públicos.
Más información en el archivo adjunto: Prueba de fuego para el Decreto 535
Y por otro lado, un proceso similar de negociación comenzará en próximos días entre el Gobierno Nacional y Sinaltraempros, sindicato que aglutina 1.800 trabajadores del Ministerio de la Protección Social.
Se verá entonces si el Decreto 535 representa un avance real en la legislación laboral, o si, como piensan muchos, es apenas un embeleco del Gobierno para hacerle creer a la OIT y a la comunidad internacional que está cumpliendo con los acuerdos y los estándares internacionales, al tiempo que sigue restringiendo los derechos de los trabajadores públicos.
Más información en el archivo adjunto: Prueba de fuego para el Decreto 535
Desempleados sin protección
Agencia de Información Laboral
Análisis de la ENS. 30 marzo 2009.
Para la población cesante y desempleada del país el Estado Social no existe.
Cuando una persona pierde el empleo, inmediatamente pierde también los ingresos; al mes siguiente pierde la seguridad socia; y si su situación de desempleo se alarga, consumirá sus escasos ahorros y arriesgará que sus hijos, si están en colegios y universidades privadas, sean excluidos por falta de pago.
Según el Ministerio de la Protección Social, en 2007 se otorgaron 80.600 subsidios de desempleo, y 26.806 en los primeros cuatro meses de 2008. En esto consiste la política de “protección” que el Estado le otorga a los desempleados, que sólo cubre al 2.8% de la población desempleada. Y lo hace con recursos de los propios trabajadores, pues son las Cajas de Compensación Familiar las que se encargan de pagarlo mediante la entrega de un bono equivalente a 1.5 salarios mínimos, ($745.350), el cual se divide y otorga en seis cuotas mensuales iguales, cada una de $124.225; cuotas que se hacen efectivas a través de aportes al sistema de salud, bonos alimenticios o de educación, según la elección que haga el beneficiario.
Contrasta esta política con los beneficios que el “Estado Comunitario” les otorga a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Según Salomón Kalmanovitz, (El Espectador, 24/03/09), las exenciones de impuestos a las empresas le representaron en el 2008 al fisco nacional $5,7 billones, equivalentes el 1,2% del PIB, o a cerca del 6% del recaudo total de la nación. Y el propio Ministro de Hacienda reconoció por Radio Caracol (25/03/09) que la reforma tributaria del 2006 les va a significar a los empresarios en el 2009 un punto menos en el impuesto a la renta y medio punto menos en timbre nacional, los que sumados equivalen a $2.2 billones, que es lo que los empresarios dejarán de pagar en este año por esos dos conceptos. Lo que significa que en solo dos años los grandes empresarios le dejaron de aportar al país $7.9 billones de pesos (¡!).
Si en vez de beneficiar con estas exenciones tributarias a los “riquitos”, como les dice el presidente, y estos recursos mejor se utilizaran para financiar el subsidio al desempleo, con los $5.7 billones de exenciones que tuvieron en 2008 se hubiera podido pagar, a todos los desempleados y cesantes (2´830.000 personas), un salario mínimo ($496.900) durante 4 meses. Y con los $2.2 billones que por exenciones dejarán de pagar en 2009, se podrá pagar un salario mínimo durante 8 meses a los 531 mil jefes y jefas de hogar que hoy están desempleados. O se podría darles a todos los desempleados un ingreso antiindigencia ($120.000) durante 6 meses.
Adicionalmente, el gobierno también podría encargarse de que ningún trabajador cesante pierda su acceso a la seguridad social. La gran mayoría de los trabajadores cesantes tienen un problema, y es que por su condición socioeconómica anterior a la pérdida del empleo, no clasifican para el SISBEN, por lo que al mes siguiente ya no aparecen en los sistemas de las EPS y se quedan completamente al margen de la seguridad social en salud. Adicionalmente, el gobierno también podría asumir la financiación del estudio en las universidades públicas para los hijos e hijas de los trabajadores que pierden el empleo.
El Gobierno está en la obligación de promover políticas públicas que hagan realidad la noción de Estado Social que acordamos en la Constitución de 1991, que hacen de Colombia un Estado “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas”; un Estado que señala que “sus fines esenciales son los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; un Estado que le define a las autoridades de la República “el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y en asegurar el cumplimiento de los deberes sociales”; un Estado que tiene “la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.
Rebajarles los impuestos a los “riquitos” no va a significar mayor inversión ni mayor consumo, como lo afirma el Ministro de Hacienda. Al contrario, estos recursos terminarán en las cuenta de estas personas en algún paraíso fiscal. Los tiempos de crisis y recesión económica, como el que empezamos a vivir, en los que se va a incrementar el número de personas al margen de la protección social y sin ingresos, lo que exigen son políticas en otro sentido, como las iniciativas atrás propuestas. Estas políticas tendrán además un impacto positivo contra la crisis misma, en la medida en que al asegurar un mínimo de ingresos para toda la población cesante, el mercado interno se dinamiza afectando positivamente la industria, el comercio y los servicios, en un contexto en donde la industria está perdiendo mercados, como lo muestran la caída de la exportaciones hacia los Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.
Análisis de la ENS. 30 marzo 2009.
Para la población cesante y desempleada del país el Estado Social no existe.
Cuando una persona pierde el empleo, inmediatamente pierde también los ingresos; al mes siguiente pierde la seguridad socia; y si su situación de desempleo se alarga, consumirá sus escasos ahorros y arriesgará que sus hijos, si están en colegios y universidades privadas, sean excluidos por falta de pago.
Según el Ministerio de la Protección Social, en 2007 se otorgaron 80.600 subsidios de desempleo, y 26.806 en los primeros cuatro meses de 2008. En esto consiste la política de “protección” que el Estado le otorga a los desempleados, que sólo cubre al 2.8% de la población desempleada. Y lo hace con recursos de los propios trabajadores, pues son las Cajas de Compensación Familiar las que se encargan de pagarlo mediante la entrega de un bono equivalente a 1.5 salarios mínimos, ($745.350), el cual se divide y otorga en seis cuotas mensuales iguales, cada una de $124.225; cuotas que se hacen efectivas a través de aportes al sistema de salud, bonos alimenticios o de educación, según la elección que haga el beneficiario.
Contrasta esta política con los beneficios que el “Estado Comunitario” les otorga a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Según Salomón Kalmanovitz, (El Espectador, 24/03/09), las exenciones de impuestos a las empresas le representaron en el 2008 al fisco nacional $5,7 billones, equivalentes el 1,2% del PIB, o a cerca del 6% del recaudo total de la nación. Y el propio Ministro de Hacienda reconoció por Radio Caracol (25/03/09) que la reforma tributaria del 2006 les va a significar a los empresarios en el 2009 un punto menos en el impuesto a la renta y medio punto menos en timbre nacional, los que sumados equivalen a $2.2 billones, que es lo que los empresarios dejarán de pagar en este año por esos dos conceptos. Lo que significa que en solo dos años los grandes empresarios le dejaron de aportar al país $7.9 billones de pesos (¡!).
Si en vez de beneficiar con estas exenciones tributarias a los “riquitos”, como les dice el presidente, y estos recursos mejor se utilizaran para financiar el subsidio al desempleo, con los $5.7 billones de exenciones que tuvieron en 2008 se hubiera podido pagar, a todos los desempleados y cesantes (2´830.000 personas), un salario mínimo ($496.900) durante 4 meses. Y con los $2.2 billones que por exenciones dejarán de pagar en 2009, se podrá pagar un salario mínimo durante 8 meses a los 531 mil jefes y jefas de hogar que hoy están desempleados. O se podría darles a todos los desempleados un ingreso antiindigencia ($120.000) durante 6 meses.
Adicionalmente, el gobierno también podría encargarse de que ningún trabajador cesante pierda su acceso a la seguridad social. La gran mayoría de los trabajadores cesantes tienen un problema, y es que por su condición socioeconómica anterior a la pérdida del empleo, no clasifican para el SISBEN, por lo que al mes siguiente ya no aparecen en los sistemas de las EPS y se quedan completamente al margen de la seguridad social en salud. Adicionalmente, el gobierno también podría asumir la financiación del estudio en las universidades públicas para los hijos e hijas de los trabajadores que pierden el empleo.
El Gobierno está en la obligación de promover políticas públicas que hagan realidad la noción de Estado Social que acordamos en la Constitución de 1991, que hacen de Colombia un Estado “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas”; un Estado que señala que “sus fines esenciales son los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; un Estado que le define a las autoridades de la República “el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y en asegurar el cumplimiento de los deberes sociales”; un Estado que tiene “la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.
Rebajarles los impuestos a los “riquitos” no va a significar mayor inversión ni mayor consumo, como lo afirma el Ministro de Hacienda. Al contrario, estos recursos terminarán en las cuenta de estas personas en algún paraíso fiscal. Los tiempos de crisis y recesión económica, como el que empezamos a vivir, en los que se va a incrementar el número de personas al margen de la protección social y sin ingresos, lo que exigen son políticas en otro sentido, como las iniciativas atrás propuestas. Estas políticas tendrán además un impacto positivo contra la crisis misma, en la medida en que al asegurar un mínimo de ingresos para toda la población cesante, el mercado interno se dinamiza afectando positivamente la industria, el comercio y los servicios, en un contexto en donde la industria está perdiendo mercados, como lo muestran la caída de la exportaciones hacia los Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.
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